Solidaridad con el Arzobispo de Huancayo amenazado de muerte

Huancayo (Agencia Fides) – “En nombre de la Administración General de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, con sede central en Roma, Italia. Deseo expresar nuestro apoyo al Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad al Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM) Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo de la Archidiócesis de Huancayo y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y al equipo técnico del Proyecto 'Mantaro Revive', ante las amenazas de muerte recibidas por vía telefónica el día 2 de marzo del 2012”. Inicia así la Carta de Solidaridad a Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de la Archidiócesis de Huancayo, por parte de la Dirección General de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), firmada por el P. Gilberto Piñón Gaytán, 2° Asistente General, dirigida “a la opinión pública, a las autoridades políticas y civiles de Perú”.

El texto de la carta, que hemos recibido en la Agencia Fides, recuerda que las amenazas se dieron dos días después de haber emitido la declaración 'Frente al mal, no hay que callar', sobre las operaciones del Complejo Metalúrgico de la Oroya (véase Fides 1/3/2012). El Arzobispo había dicho en una conferencia de prensa que era favorable a la reanudación de los trabajos del complejo, siempre y cuando se garantizase la vida, la salud y el trabajo digno a los trabajadores y la población de La Oroya. “Ante este hecho intimidatorio –continua la carta–, del que hemos tenido noticias por diferentes medios de comunicación y después de haber recibido los comunicados oficiales del Arzobispado de Huancayo, queremos expresar nuestra onda preocupación por la vida del Arzobispo y por todos los que trabajan en el proyecto "Mantaro Revive", quienes luchan por la verdad, la paz y la justicia. Por tanto, invocamos a las autoridades políticas y al cuerpo policial llevar las investigaciones respectivas para identificar a los responsables de estos hechos, que denigran la imagen de la democracia peruana. Esperando que las autoridades respectivas intervengan en el asunto para devolver la paz y el libre desenvolvimiento de las organizaciones civiles y eclesiásticas dentro del Perú”.

(CE) (Agencia Fides, 13/03/2012)

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